
La Secretaria Confederal de Política Social de CCOO, Rosana Costa, ha propuesto que se utilice el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para garantizar el cumplimiento de la memoria económica de la Ley de Dependencia y se destinen los recursos a impulsar un plan de servicios nuevos en las Comunidades Autónomas de modo que se garanticen los cuidados profesionales de calidad y la creación de empleo. E, igualmente, reclama a las CCAA a que hagan transparente la financiación que realizan en dependencia y fomenten la creación de estos nuevos servicios.
Coincidiendo con la celebración del Comité Territorial del Sistema de Dependencia para aprobar el catálogo de servicios de los dependientes moderados que tendrán cobertura a partir de 2011, CCOO insta al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas a que mantengan la inversión en los servicios de dependencia como garantía de cuidados de calidad para los dependientes y creación de empleo.
En apenas tres años de implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y pese al evidente retraso que acumula, está siendo capaz de atender de forma efectiva a más de 627.000 beneficiarios. De modo que con un ritmo de implantación lento pero constante, ha conseguido superar ya la dimensión que ofrecen otros sistemas de protección social históricamente tan importantes como el de las pensiones no contributivas.
Justamente en un momento como el actual, caracterizado por una fuerte destrucción de empleo que ha llevado a nuestro sistema de Seguridad Social a perder a más de 1,3 millones de trabajadores en activo, el SAAD ha demostrado que gracias a la atención de servicios profesionales se ha convertido por derecho propio, no como un instrumento potencial de creación de empleo, sino como un sector productivo que de forma efectiva ya lo ha creado. En concreto, desde enero de 2009 a septiembre de 2010 los servicios de atención a la dependencia han creado actividad productiva que ha supuesto más de 145.000 nuevos trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.
Sin embargo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado para 2011 ha roto por primera vez la previsión de financiación que se preveía en el modelo de la memoria económica de la Ley de Dependencia. El proyecto de presupuestos presentado no sólo no ha aplicado el incremento previsto para 2011 sino que ha reducido la aportación de la Administración Central en un -5,2% respecto del año pasado, pese a que el próximo año habrá no menos de 400.000 nuevos beneficiarios.
Frente a los 1.498,4 millones de euros presentados por el Gobierno para 2011, si aplicásemos el incremento medio previsto en la Memoria Económica de la Ley de Dependencia sobre la financiación que se previó el ejercicio anterior, la cuantía debería ascender a los 1.782,5 millones de euros. Por tanto, el Gobierno debe incrementar, al menos, en 284 millones de euros el proyecto que ha presentado para 2011.En opinión de Rosana Costa, Secretaria Confederal de Política Social de CCOO, "El Gobierno debe "reponer" el diferencial de presupuesto de la Memoria Económica de la Ley y dedicarlo a un Plan para la promoción de los servicios y el empleo, y ello porque además de ser garantía de cuidado de calidad, ayuda a consolidar uno de los pocos sectores de actividad que han creado empleo en nuestra economía en plena crisis". Y ello a pesar del excesivo protagonismo que en algunas administraciones se está permitiendo a la atención en base a prestaciones económicas de cuidado informal (49% del total de prestaciones).
Los recursos financieros de este nuevo "Plan para la promoción de los Servicios de dependencia y la creación de empleo", deberán consignarse en los Presupuestos Generales del Estado en el marco de financiación del Sistema de Dependencia, pero en un concepto con autonomía propia que permita que dichos recursos se dediquen exclusivamente a la promoción de servicios profesionales.
Invertir en servicios, además de suponer una inversión directa en la creación de empleo y la promoción de actividad económica que reportaría importantes retornos económicos al Estado (Seguridad Social de los trabajadores, IVA, impuestos, etc.), puede contribuir a una reducción en los gastos derivados de la protección por desempleo en este sector, además de asegurar el cuidado de atención de calidad basado en servicios profesionales que promueve la Ley de Dependencia.
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